PONENCIA / AUDIENCIAS PÚBLICAS LEY DE MEDIOS

No deja de llamar la atención qué clase de reacciones provocó en ciertos sectores la presentación por parte del gobierno nacional del proyecto de ley de servicios audiovisuales. En Marzo pasado, fue la indiferencia. Tanto los sectores políticos vinculados a la oposición más cerrada, como los grandes medios de comunicación nacionales ignoraron olímpicamente el lanzamiento, como así también ignoraron los numerosos encuentros y foros de discusión que se generaron por voluntad del poder ejecutivo en todo el país y en los que participaron los más diversos sectores. Universidades, cooperativas, periodistas y medios de todo el país debatieron con amplitud y absoluta libertad sobre este proyecto y no fueron pocas las modificaciones que generaron, en aras de mejorar el texto de lo que será, en definitiva, la ley.

Claramente, la estrategia mediática de entonces pasó por la desinformación. No fue una estrategia novedosa: la toma de partido por los sectores patronales agrarios en 2008 prefiguraron el pase a la oposición de los medios concentrados. Pase que se ha ido extremando hasta la fecha.

No solamente se trabajó en beneficio de los reclamos sectoriales de los grupos concentrados, sino que el conglomerado mediático se empeñó en una tarea desgraciada de ocultamiento y deformación de la verdad, apostando todo a la creación de una “opinión pública” predispuesta negativamente hacia cualquier acción o medida emprendida por el gobierno nacional. Este trabajo tenía, por supuesto, un objetivo: la derrota oficialista en las elecciones de medio término, en el supuesto de que, ante la misma, el gobierno no tendría ya la fuerza necesaria para impulsar el tratamiento de la ley y se mantendría el statu quo, que es lo que quieren que ocurra los grupos concentrados de la información. Está a la vista que las cosas no resultaron como se las había calculado. Por una multiplicidad de razones que no viene al caso detallar aquí, el gobierno de Cristina Fernández ha continuado ejerciendo el poder que le confirió el pueblo en 2007 y sí, en efecto “no ha leído correctamente el resultado de las elecciones”, como tanto se quejan políticos y periodistas opositores. Si leer correctamente el resultado eleccionario era entregar los principios que sostienen esta gestión y el modelo económico, político y social al que apuntan consolidar, desde ya que no lo ha hecho así. En buena hora.

Entregar las banderas del proyecto nacional hubiera significado el triunfo de corporaciones que detentan un poder omnímodo, con niveles de totalitarismo como jamás detentó dictador alguno en la historia. El síndrome Gran Hermano en el más pleno sentido orwelliano está hoy a la vista en los esfuerzos cotidianos de los multimedios de influir en el pensamiento de la población para direccionar su opinión en la defensa de sus propios privilegios. En implantar definitivamente el pensamiento único como se hizo en la dictadura y en los años noventa. Esto es, un gigantesco, descomunal ejercicio de control social para imponer una ideología que beneficie la rentabilidad monopólica.

Por el contrario, la sanción de esta ley llevará la luz de la democracia a un nicho que todavía se rige por la criminal legalidad dictatorial. Ninguna democracia moderna puede tolerar que un valor tan fundamental y estratégico como la información quede sujeto a la discrecionalidad de entes privados cuyos intereses lejos están del bienestar de la sociedad civil. No, mucho menos, si la regulación a este respecto, proviene de un estado ilegal, ajeno a todo control constitucional, ajeno a cualquier noción de legalidad y fundamentalmente criminal. Mal puede, hoy día, declamarse una ética que está basada en normas ajenas a toda convivencia democrática. Mal puede hoy hablarse de libertad de expresión cuando la formación de monopolios, de conglomerados de negocios que acaparan diarios, radios y canales de televisión, que mantienen en muchos casos de rehén al cliente, quien no tiene capacidad de opción basado en calidad o precio; mal, digo entonces, puede hablarse de libertad de expresión cuando este entramado de negocios es, por su misma naturaleza totalizadora, la negación misma de la diversidad de opiniones y de voces.

Por el contrario, se silencian voces, se escamotean imágenes, se construye a diario un imaginario de peligrosa penetración. El discurso único se naturaliza como parte del sentido común. Se construye así, a fuerza de titulares e imágenes de alto impacto, el miedo y la desconfianza en el otro. Se propicia el individualismo y la insolidaridad como valores defensivos ante una realidad construida sobre un “otro hostil”: el pibe chorro, el villero, el pobre, el cartonero, el okupa. Se utiliza el miedo para controlar, para embrutecer, para paralizar a la sociedad. Puesto que el mejor cliente de los conglomerados mediáticos es aquél ciudadano vencido por el espanto, acrítico ante lo que le llega pre configurado y pre digerido. El ciudadano que ha entregado su alegría de vivir en comunidad a las páginas de policiales de los diarios o a imágenes ensangrentadas de los noticieros y que ya no se pregunta, no si lo que está viendo es tal cual se lo están mostrando, sino que no se pregunta PORQUÉ se lo están mostrando de ese modo. Se busca, por fin, crear consumidores llanos, sumisos, que compren, hagan y voten lo que se les indique. Una democracia tutelada sin futuro y sin memoria. Una farsa con elecciones periódicas donde la participación se agota en el acto comicial, puesto que las opiniones ya están emitidas e instauradas de antemano.

El proyecto de ley de servicios audiovisuales ha desnudado este entramado oscuro que pervivió durante los veintiséis años que la República Argentina lleva viviendo en democracia. Al principio hablé de las reacciones que causó la presentación de este proyecto. Y si en un principio se lo ninguneó en la esperanza de que se cayera sólo después de las elecciones, el envío al congreso del mismo que efectuó la presidenta de la república en 27 de agosto pasado, tuvo el mismo efecto que la caída de un rayo. En especial el monopolio más importante, bien conocido por todos, se auto colocó en el papel de contendiente principal, desatando una guerra poca veces vista contra un gobierno constitucional y muy lejos de la complacencia con que se sostuvo a la dictadura que le otorgó el control del papel con el que se imprimen los diarios de todo el país.

Se equivoca quien dice que esta ley es contra un grupo económico en particular. Por el contrario, se trata de una ley que democratizará de una vez y para siempre el manejo de la información y asegurará la igualdad de oportunidades y la diversidad de las voces. Es, en realidad, una ley a favor de todo el pueblo argentino, que merece tener la libertad de elegir lo que escuchar, leer, pensar y decir. Algo que con la configuración actual del negocio mediático, esa apenas un hermoso y vacío enunciado.

Así como este proyecto no es contra nadie en particular, sino a favor de la competencia necesaria para asegurar la diversidad, no está en juego aquí la libertad o integridad de ningún periodista. En estos días se han leído y escuchado un sinnúmero de dislates histéricos que no tiene el menor asidero y que son parte de este mismo sistema de mentiras y confusión de la opinión pública antes enunciado. En este contexto, se bombardea a la sociedad con toda clase de mentiras que no resisten el menor análisis, pero que van asentándose aluvionalmente a fuerza de ser repetidas, al mejor estilo de sistemas de propaganda implementados en tristemente célebres dictaduras del siglo XX aquí y en el mundo. Se habla de “ley mordaza”, de “ley contra los medios”, de “giro chavista” y barbaridades por el estilo. Y todo, apenas, para conservar los desmesurados privilegios de los que vienen disfrutando desde hace décadas. Se está saliendo "a discutir la ley", SIN DISCUTIR LA LEY. Nadie habla del articulado del proyecto, nadie polemiza sobre tal o cual aspecto técnico específico que esté en el texto o el espíritu del proyecto, sino que SE ATACA A LA LEY de Medios como un todo. Filosóficamente. El ataque es, evidentemente, contra su concepto.

En esta situación de excepcional crispación, se ha llegado a atacar la legitimidad del propio Congreso Nacional. Un diputado llegó incluso a declarar que se trata de un “congreso trucho”, demostrando que a la hora de defender intereses espurios, ni siquiera la Constitución Nacional o la propia legitimidad de origen del cargo que detentan, sirve como límite ético para algunos representantes del pueblo. De hecho, en lugar de ser representantes del pueblo que los votó ante los poderes públicos y privados, actúan como abogados corporativos del poder concentrado del dinero. Un bastardeo inaceptable del espíritu mismo de la representatividad democrática. Se ataca a una ley de la democracia defendiendo un decreto-ley del videlismo. Porque en el fondo es esto lo que está ocurriendo. En pos de mantener el statu quo que desean los grupos concentrados de medios, se defiende la continuidad de aquello que no ni legal ni constitucional. ¿Cuánto tiempo podrán los Monopolios mantener este estado de mentira permanente en defensa de sus intereses corporativos? ¿Cuánto daño están dispuestos a infligir a la sociedad, insistiendo en la línea ideológica que esbozara últimamente Hugo Biolcati desde su púlpito de la Rural, sobre el "Estado depredador" que interrumpe el flujo de los negocios?
Nosotros no atacamos a nadie. Eso debe quedar claro. Lo que buscamos es democratizar la información, asegurar los derechos de los ciudadanos a la diversidad de voces, de propuestas y contenidos. No puede la democracia sostener una legislación que ampara el silencio de los más débiles, las posiciones dominantes por bruta fuerza y un apabullante discurso único que no favorece la libertad, antes bien, la ahoga.

Nos merecemos la libertad de elegir. Así como ahora podemos ver el partido de fútbol que cada uno prefiere sin pensar en esperar para ver el resumen del domingo a la noche, merecemos no ser prisioneros de una compañía de cable o de una única voz dictatorial a la hora de informarnos. Es por esto mismo que cuando se ataca el proyecto de ley de servicios audiovisuales invocando libertades que no están realmente en peligro, lo que realmente se está atacando es la libertad del pueblo a elegir, a discernir y a pensar.

A las señoras y señores legisladores nacionales, que tienen en sus manos la sanción de esta ley democrática, les pido que piensen en un proyecto de país a largo plazo. Va de suyo que cada partido o corriente ideológica tendrá un proyecto diferente, pero ningún proyecto de país puede sostenerse sin una democracia completa. Les pido que no interpreten de manera mezquina a esta ley como una victoria de un partido o un gobierno, sino como un logro más en la consolidación de la democracia que nos merecemos, sin tutelas ni zonas liberadas para el poder excluyente del dinero.

Como persona, le ruego que traten esta ley, sin dilaciones ni chicanas. Que la discutan, la debatan y la mejores en todo aquello que pueda ser mejorado. Pero como ciudadano argentino les exijo que aseguren a la sociedad civil el imperio de la democracia y que sancionen esta ley. Les exijo que hagan prevalecer el bien común por sobre el interés de los grupos monopólicos.

Será justicia.

Muchas Gracias.
MP